Su oposición al proyecto de nuevas antenas provocó la retirada del Pleno de esta propuesta
La federación vecinal estima que se instalarán del orden de 120 nuevas antenas
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Jerez, Solidaridad, podría haber frenado -de momento- la instalación de nuevas antenas de telefonía móvil en las azoteas de diversos puntos de Jerez.
El escrito presentado al Ayuntamiento el pasado 19 de marzo, informó a este periódico Francisco Gil, responsable de Medio Ambiente de la Federación vecinal, ponía en conocimiento de la alcaldesa su “rechazo a la implantación” de las mismas porque estas pudieran ser “causantes de diferentes enfermedades y atentar contra la salud”. Y pudo ser, y así parece a falta de explicación por parte del Gobierno municipal, el motivo por el que éste retiró el jueves dos puntos del orden del día del Pleno que se celebró esa mañana. En concreto, en noveno lugar figuraba la aprobación inicial de la modificación del Plan de implantación de la red urbana de telefonía móvil para el desarrollo del servicio Movistar en el término municipal de Jerez, promovido por la entidad Telefónica Móviles España SA; y en el décimo, la aprobación inicial de la modificación del Plan de implantación de instalaciones radioléctricas en el término municipal de Jerez promovido por la entidad Vodafone España SAU.
El escrito presentado ante el Ayuntamiento, un documento de ocho folios, informaba a la alcaldesa, como máxima responsable de la salud pública, el medio ambiente y del urbanismo en el municipio, de la convicción de Solidaridad de que la contaminación eletromagnética produce un grave riesgo para la salud de las personas que viven o están de paso en el municipio.
Añadía Solidaridad en el informe que los elementos causantes de esa contaminación electromagnética son las antenas base de la telefonía móvil, el wifi, wimax, las subestaciones y líneas de alta tensión y los transformadores.
Tras recoger diferentes leyes y normativas que regulan este tipo de emisiones y tras referirse a la Constitución como garante, entre otras cuestiones, de la salud y la protección sanitaria, se centraba Solidaridad en otras tantas normativas europeas que igualmente regulan las emisiones radioeléctricas y electromagnéticas, y añadía sentencia de los tribunales de Murcia contra un transformador al que obligaba a cesar en su actividad.
Finalmente, solicitaba que se investigase la situación de la salud de las personas del municipio expuestas a los campos electromagnéticos que emiten las referidas fuentes contaminantes y se tomasen las iniciativas necesarias para controlar este riesgo a la población del municipio.Además, Solidaridad pedía una moratoria en la instalación de antenas de base de la telefonía móvil y wifi, así como el soterramiento de las líneas de alta tensión, blindándolas.
Igualmente, pedía Solidaridad que se solicitasen las licencias municipales de obras y de inicio de la actividad correspondientes a las antenas de base de la telefonía móvil, los transformadores y las líneas de alta tensión como se exigen a cualquier actividad económica lucrativa abierta al público y que produce beneficios dentro del municipio.
Otra de las peticiones fue la de un estudio de impacto ambiental y la información pública para que las personas afectadas puedan alegar a favor o en contra, antes de la instalación de dichos focos de radiaciones electromagnéticas.
En quinto lugar, la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Nocivas. Igualmente, pedían un certificado médico oficial que acredite la inocuidad de los campos electromagnéticos emitidos.
Además, pólizas de seguros emitidas por una compañía aseguradora solvente e internacionalmente acreditada que cubra los riesgos a la salud de las personas expuestas a los campos electromagnéticos emitidos por las antenas base de la telefonía móvil, los transformadores y las líneas de alta tensión.
Las dos últimas peticiones fueron que se haga una ordenanza municipal con unas restricciones más acordes con la realidad y conocimientos que actualmente existen y, finalmente, que se hagan campañas informativas tanto a nivel escolar como en conferencias públicas, campañas publicitarias... y se aborden las precauciones que se deben tener derivadas de su uso.
Francisco Gil y el resto de miembros de la dirección de Solidaridad, a la vista de los sucedido, no pueden garantizar que las 120 antenas de las que se hablado en los últimos días no se terminen instalando.
Su acción ante el Ayuntamiento ha podido frenar durante un tiempo la iniciativa que, entre otras cosas, no es vista con la misma perspectiva por todos los miembros del Gobierno municipal, pero temen que sea imposible, sin la movilización ciudadana, evitar que estas antenas se instalen en nuestras azoteas.
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