Publicado por Miguel Jara el 5 de Abril de 2010
Como les contaba el otro día en el post sobre el WiFi en las escuelas, el Gobierno quiere formar “superniños” en entornos con contaminación electromagnética que puede afectar a su salud. Y no se trata de un error cometido por ignorancia. Los miembros de la Administración están muy bien informados. Es más, de que no pudieran alegarlo algún día se ha ocupado la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCE) algunos de cuyos miembros, al reunirse en septiembre de 2009 con representantes del Ministerio de Industria, hicieron entrega de un informe con documentación internacional que incluía un gran número de estudios independientes publicados sobre los efectos nocivos de la exposición crónica a las radiaciones provenientes del WiFi y, en general, de los aparatos y antenas con tecnología inalámbrica, especialmente cuando los expuestos son niños.
“Se habla mucho de lo concerniente a los plazos y de quiénes van a recibir los preciados portátiles –denuncia la citada organización- pero del coste en salud que digitalizar las aulas supondrá para los escolares y profesores no se ha vertido ni una triste palabra. Ni desde el Gobierno, ni desde los centros de enseñanza, ni desde las APAS, ni desde el Ministerio de Sanidad, ni desde la Pediatría, entre otras especialidades. No sólo no existe estudio previo alguno que pueda asegurarnos que esa exposición crónica a microondas no va a tener efectos perjudiciales para la salud de los escolares y profesores sino que tampoco habrá responsables que se hagan cargo de los resultados de este ‘experimento’, el más grande que se haya hecho con niños en la historia de la humanidad sin necesidad de contar con permiso paterno y/o materno”.
Ciertamente llama la atención que nuestro Gobierno pretenda ser “líder en Europa en la expansión de redes inalámbricas” cuando en los países de nuestro entorno lo que se está haciendo desde algún tiempo es justo lo contrario: desinstalar el sistema WiFi en escuelas, bibliotecas, hospitales y demás centros públicos. Francia, por ejemplo, ha elegido 16 ciudades para hacer el experimento de reducir los límites de la irradiación de las microondas de alta frecuencia a 0,6 V / m ó 0,1 microwatios/cm² como recomienda el informe internacional independiente BioInitiative, trabajo basado en 1.500 estudios previos que concluye afirmando:
“Las agencias sanitarias y las autoridades escolares deberán evitar o prohibir con firmeza la construcción de antenas sobre edificios escolares y en sus proximidades (en un radio de 300 metros) y retirar toda instalación de red WiFi en aulas, guarderías y centros de ocio. Es más, deberían suprimir o desactivar las instalaciones inalámbricas existentes”.
Evidentemente estas recomendaciones en España ni se tienen en cuenta. En otros países, en cambio, sí. En Colonia (Alemania) por ejemplo hay ya un plan para cablear toda la ciudad con fibra óptica ofreciendo así a los ciudadanos una alternativa óptima en términos de salud y calidad tecnológica.
Algunos gobiernos autonómicos españoles mantienen diferentes posturas. En Extremadura, por ejemplo, todas las aulas de la ESO de la Comunidad tienen ya ordenadores desde el 2005 pero se conectan entre sí y con Internet por cable. Y en el País Vasco el Parlamento ha aprobado una resolución que pone igualmente en entredicho el proyecto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de expandir el WiFi por toda España. Y es que antes de implantar el WiFi en los colegios va a medirse el nivel de las radiaciones electromagnéticas que éste genera.
Obviamente esta actitud hace que muchos se pregunten quién se está haciendo de oro vendiendo los peligrosos routers WiFi a costa de poner en riesgo la salud de nuestros hijos. ¿Alguien puede explicárnoslo? Porque la insistencia en ese sistema sabiendo que está en entredicho su seguridad tiene que tener alguna razón… económica.
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