18-02-2010

No es la primera vez que los colectivos ciudadanos, que desde hace más de un año se agrupan en torno a la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, reclaman un cambio en la legislación sobre electromagnetismo, que en España está recogida en el Real Decreto 1066/2001. Tampoco es la primera vez que, como han hecho esta mañana, piden ser recibidos por el titular de Industria para abordar una problemática que cada vez preocupa a más personas. Pero, tal y como indica Yolanda Barbazán, responsable de la FRAVM, “lo único que obtuvimos tras la reunión en la Secretaría de Estado el pasado mes de octubre fue su negativa a que formásemos parte del Consejo Asesor de Telecomunicaciones”. La citada plataforma denuncia que España permite unos límites de emisión muy superiores a los de la mayor parte de los países de la UE y reclama atender las recomendaciones del Parlamento Europeo que, basándose en los más de 1.500 estudios del informe Bioinitiative Report, sostienen que hay que revisar las normativas de los estados de la UE por estar completamente obsoletas. Según Barbazán, “ya no se trata solo de la telefonía móvil, sino que cada vez están introduciendo en el mercado nuevas funcionalidades a nuestros teléfonos y ordenadores portátiles para que podamos acceder a Internet desde cualquier lugar. Para ello se están desplegando un número cada vez mayor de antenas, picoantenas, radioenlaces, redes WIFI, WIMAX, que se suman a otros aparatos inalámbricos que tenemos en nuestras casas, como los teléfonos DECT”. Esto, continúa, “está haciendo crecer de forma exponencial esta contaminación invisible. Y eso sin contar con el proyecto de instalar WIFI en las escuelas, que no tiene en cuenta que los niños son mucho más vulnerables a las ondas electromagnéticas”.
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