Publicado en Noticias de Navarra
por Joseba Santamaria - Sábado, 17 de Abril de 2010
El Consejo de Ministros acordó ayer denegar a siete ayuntamientos -El Busto, Espronceda y Sansol en Navarra- autorización para celebrar una consulta popular sobre la nueva línea de alta tensión entre Vitoria y Castejón-Muruarte, al entender que es un asunto supramunicipal y no local, según una interpretación de la Ley de Bases de Régimen Local burocrática, interesada y minorizadora de los derechos democráticos de los ciudadanos. Consultas como ésta son habituales en Europa y EEUU, y sin embargo aquí los responsables políticos de la toma de decisiones que afectan a la vida de miles de ciudadanos no sólo no tienen interés alguno en conocer su opinión -de asumirla, ni hablamos-, sino que además prohíben que la expresen. La nueva línea de alta tensión es un debate de contenido territorial, social y medioambiental en el que los responsables de la medida debieran participar con sus propios argumentos. En la consulta no vinculante celebrada el pasado febrero en 30 localidades de Navarra y Álava sobre esta cuestión, sobre un censo de 4.490 habitantes, 2.313 acudieron a votar, lo que supuso una participación del 51,51%, muy superior a la registrada en esas localidades en las elecciones al Parlamento Europeo. De todas esas personas, el 98,92% se posicionó en contra. Una cosa es que se intente limitar el modelo democrático a una democracia formal y limitada a urnas cada cuatro años, y otra mucho más lastimosa que se prohíba la expresión libre y democrática de la voluntad ciudadana. Aquí, claro, porque en Catalunya los ciudadanos pueden votar con absoluta normalidad democrática incluso sobre la independencia.
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