Inteligence & Capital News Report
Fecha de publicación: Viernes, 7 de mayo de 2010
Más de 200 municipios con redes en curso y 30 proyectos engendrados con el Fondo Local necesitan ahora hacerse rentables
Si no encuentran patrocinadores, o gestores privados, sólo podrán ofrecer velocidades de 256 kbps, o limitarse a los edificios municipales
.- Le han dado aire a la burbuja wireless, el justo para permitir que más de 40 ciudades de más de 20.000 habitantes hayan estrenado proyectos de wifi abierto y que 250 poblaciones de menor tamaño se hayan subido a la promesa de redes con vocación de gratuidad en espacios públicos. Los 5.000 millones de euros del Plan E y los antecedentes de Barcelona -tras dos negativas consiguió su conexión inalámbrica municipal- han nutrido el boom de las redes municipales. Ni en Presidencia del Gobierno, ni en la cartera de Política Territorial querían mirar a las luces rojas de la CMT, a los avisos de la patronal TIC, o al crack de las redes estadounidenses en 2007. Pero a los municipios se les acaba la 'barra libre' de los fondos públicos y el limbo ni-ni, ése en el que se resguardaban lejos del cuerpo a cuerpo con las telecos. La regulación definitiva de la CMT y los límites de la sostenibilidad financiera y técnica empiezan a recordarles -con el antecedente de Málaga en carne viva- que el vuelo de sus wifis puede ser de ida y vuelta. Pasan de la carrera por la caja de Chaves a la avalancha de concursos para convencer a operadores privados, patrocinadores, o nuevos socios. Ahora, obligadas a salir al 'frío' del mercado y de sus costos, buscan la puerta de la tercera vía para salvar los muebles del modelo de wifi municipal. Sin patrocinadores, o gestores privados, sólo podrán ofrecer velocidades de 256 kbps, o limitarse a los edificios municipales. Tras el modelo de Zaragoza, una decena de grandes ayuntamientos actuarán como operadoras y con un modelo mixto de cobro a los usuarios.
El 'sálvese quien pueda' ha empezado en las carreras del wifi local. Después de tres años en los que desgranó, caso a caso, periodos de gracia y de prueba para las wifis municipales gratuitas (Barcelona disfruta aún del suyo hasta junio), ahora la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones le ha puesto un marco claro a los ayuntamientos, pero con él también coto a la oleada de wifis municipales que Industria dejó prosperar con el Plan 2000E. Sólo con su última entrega, una treintena más. El Secretario de Estado para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, lo ha dicho alto y claro: es "un error que los ayuntamientos pretendan convertirse en un operador de telefonía con inversiones que permitan acceder a Internet de forma gratuita a los ciudadanos". Nada que el regulador esté dispuesto a admitir. Industria había dejado hasta ahora a la CMT entre la espada de la Ley General de Telecomunicaciones -que impide a organismos públicos financiar este servicio con impuestos y hacer la competencia desleal a las operadoras- y la pared de la casuística.
Con el 'bálsamo' municipal del Plan de Inversión local, Chaves les dejó a los 8.100 municipios a mano -y a contrapié de los recelos iniciales de Sebastián- un 5% de sus 5.000 millones para proyectos tecnológicos y echó sal a la batalla entre las operadoras y los municipios. Nada que ni las leyes de la rentabilidad, las apreturas de la tecnología y, sobre todo, la regulación de la Comisión vayan a permitir por más tiempo. La CMT ya dejó grabada primero en el consistorio malagueño (con la multa de 300.000 euros a la red Biznaga como responsable directa de una infracción administrativa muy grave) la prueba de que no estaba dispuesta a tener que pelear una por una todas las avanzadillas locales, por más que contaran con euros públicos. Y ahora, han marcado las líneas rojas definitivas con su Circular publicada en abril, en la que se establecen las condiciones que deberían cumplir las administraciones públicas cuando presten servicios de comunicaciones electrónicas. Nada de wifi gratuito sin límites si los consistorios no se inscriben como operadoras de telecomunicaciones; sólo podrán desplegar y ofrecer una velocidad red-usuario de 256 Kbps y una cobertura de la red que excluya los edificios de uso residencial o mixto. Si quieren un despliegue abierto o superior a esas velocidades, los gastos operativos deben ser pagados por los usuarios a través de una suscripción o por patrocinio y la red debe ser auto-sustentable, incluir un plan válido para generar un flujo de caja positivo, y debe tener sus propias cuentas, independiente del resto de la administración municipal.