Publicado por elcorreo.com el 30 de noviembre de 2010
OCTAVIO IGEA - BASAURI.
Vecinos de Basauri denuncian la existencia de esta antena desde antes de 2001. :: MITXEL ATRIO |
La petición fue realizada ayer, en el marco de la primera reunión entre operadores y representantes municipales. La cita fue utilizada para informar a las empresas del sector sobre las nuevas restricciones que impone la ordenanza. A grandes rasgos, obliga a dejar una distancia de al menos 300 metros entre los emisores e impide ubicarlos en fachadas y bloques de viviendas, opción muy habitual hasta ahora. La normativa también obliga a las operadoras a solicitar una licencia especial para instalar antenas, lo que permitirá dar a conocer previamente el proyecto y permitir la presentación de alegaciones para dar «trasparencia» al proceso. El capítulo sancionador por poner en funcionamiento estaciones ilegales contempla multas de hasta 1,2 millones de euros.
Con estas condiciones como base, el Ayuntamiento de Basauri ha propuesto a las operadoras la posibilidad de 'saltarse' ciertas restricciones si minimizan la potencia de sus emisores hasta niveles «saludables». Si aceptan emitir a una frecuencia de 0,01 microvatios podrán ocupar las azoteas de algunas casas «siempre que los vecinos estén de acuerdo», explicó Enrique Ríos, asesor legal del Consistorio en la elaboración de la ordenanza. Pese a la oferta, las compañías no quieren bajar las emisiones. «Dicen que el futuro de las telecomunicaciones pasa por aumentar la potencia de las antenas», explicó la concejala de Modernización, Begoña de Juan.
Moratoria
Otra de las consecuencias de esta normativa anti-antenas será la elaboración de un registro que controlará la ubicación y características de todos los emisores del municipio. Actualmente hay 18 instalaciones que funcionan de manera legal pero al menos otras tantas lo hacen sin permiso municipal, aunque sí con el del Ministerio de Industria. El Consistorio ha abierto un plazo de entre tres y seis meses para que sus responsables presenten la documentación pertinente. Si las empresas no formalizan la situación, el Ayuntamiento procederá a multarlas, «aunque lo ideal es llegar a un acuerdo satisfactorio para todos», avanzó De Juan.